En el período 2009-2011, los muertos en el tránsito disminuyeron un 8
%. Es una muy buena noticia, ya que significan 650 vidas preservadas,
mucho dolor y pérdidas, humanas y materiales, evitados. No obstante es
un porcentaje pequeño y no debemos cesar en hacer esfuerzos para lograr
salvarlos a todos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a
implementar diversas medidas en la dirección correcta, entre las que se
destacan:
- Procurar una mayor y más responsable fiscalización del cumplimiento
de la ley en temas claves: exceso de velocidad, alcoholemia, uso de
cascos y de cinturones de seguridad.
- La promoción de la licencia nacional de conducir , a otorgarse previa formación de los conductores.
- El tratamiento legislativo que lleve a la incorporación de los delitos contra la seguridad vial
Sin embargo, en contraste con esos aspectos positivos, se han agravado algunos problemas, entre ellos:
- Se duplicó el uso de los celulares por parte de los conductores, y se triplicó por parte de los peatones, desde 2007 al 2011, según estudios de Luchemos por la Vida.
- Se multiplican los muertos en motocicleta o ciclomotor
en todo el país, en muchos casos por no usar el casco, lo que pese a su
obligatoriedad, no se controla ni sanciona en la mayoría de las
ciudades y pueblos del interior, ni en los alrededores de Buenos Aires.
- Trágicos siniestros ferroviarios, con decenas de muertos, desnudan las falencias y postración de un sistema de transporte que debería ser el más rápido y seguro.
Temas estos, que muestran, una vez más, la necesidad imperiosa de mejorar e intensificar los controles y sanciones.
Para ello es esencial el compromiso permanente de las autoridades
municipales, provinciales y nacionales de todo el país, policías y
agentes municipales, jueces de faltas, etc. que profundicen y sostengan
en el tiempo esta transformación cultural que tenemos que lograr en
nuestro tránsito; promover la educación vial sistemática y continua en los programas de estudio y con capacitación a los docentes, un otorgamiento serio y responsable de las licencias de conducir, un mejoramiento sustancial de la infraestructura vial y la planificación urbana que asegure un tránsito fluido, ordenado y que minimice el riesgo de los más vulnerables.
